Los últimos datos evidencian que se ha producido una reducción paulatina de las infracciones constructivas y urbanísticas.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), organismo adscrito a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, abrió en 2017 expedientes por ilegalidades en materia de patrimonio natural y contaminación de la atmósfera, con 14 y 12 expedientes, respectivamente.
Así se desprende del balance de actuaciones aprobado en la Asamblea de la ACPMN celebrada hoy bajo la presidencia de la consejera del área Nieves Lady Barreto, junto a la directora del organismo, Ana Batista, y con la participación de las entidades consorciadas.
Las estadísticas ponen de manifiesto que las acciones desarrolladas por la Agencia han ido aumentando la concienciación ciudadana y disminuyendo las infracciones que atentan contra las leyes del territorio y de espacios naturales de Canarias. "En el año 2000 se registraron 1.821 expedientes, que se han reducido progresivamente durante los últimos años, hasta registrar la cifra de 543 en el último ejercicio", según apuntó Ana Batista, directora de la ACPMN.
En este sentido, los miembros de la Asamblea acordaron potenciar, desde la Agencia, la labor de concienciación e información al ciudadano con una finalidad preventiva para evitar vulneraciones a la normativa.
Del total de los 2.155 expedientes abiertos en 2017, 1.255 fueron irregularidades en torno al tratamiento de residuos, un 10,3 % más que en el año anterior; 216 estuvieron relacionadas con actividades no constructivas; 45 fueron sanciones por contravenir la Ley de Costas y 44 por realizar vertidos al mar. El resto de los expedientes abiertos tienen que ver con cuestiones de impacto ambiental e infracciones de la normativa sobre prevención de la contaminación y del patrimonio natural.
Por Islas, encabeza la estadística Tenerife, que ha sido la que más expedientes ha registrado, con un total de 846; seguida por Gran Canaria, con 651, acumulando ambas un elevado número de incidencias por residuos y actividades constructivas. La isla de Fuerteventura ha recibido un total de 249; Lanzarote, 194; La Palma, 132; La Gomera ha registrado 77 y la Isla de El Hierro tan solo siete.
Los referidos expedientes se han abierto como consecuencia tanto de denuncias de oficio, por parte de los Agentes de Medio Ambiente propios y colaboradores con la ACPMN en virtud de los convenios insulares de adhesión (477); como de denuncias del Seprona (811); de la Policía Canaria (394); de Ayuntamientos (280), ciudadanos particulares (69) y otras Administraciones.
Durante el año 2017 la Agencia ha verificado el restablecimiento del orden jurídico, bien a través de la restitución de la realidad física alterada, o mediante la legalización de lo ejecutado. Del total de las 346 recuperaciones, 205 se han realizado de forma voluntaria y tan solo cuatro han sido de carácter forzoso. También se han llevado a cabo 137 legalizaciones.
Ana Batista realizó una mención especial a los convenios de colaboración y adhesión que lleva a cabo la agencia para continuar desarrollando acciones de promoción y sensibilización medioambiental; y que, durante el pasado año, permitieron la adhesión del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo a este organismo.
También informó sobre la encomienda realizada a la empresa pública Gesplan para la ejecución de obras de clausura, sellado y restauración de diez vertederos ilegales y para la redacción o adaptación de proyectos de obra en esta materia, con un presupuesto de 4,7 millones de euros.
Por otro lado, se dio cuenta de la acciones formativas llevadas a cabo por la Agencia, entre las que destacan las charlas ofrecidas a los agentes del Seprona y la ampliación del convenio de prácticas firmado con la Universidad de La Laguna para acoger a alumnos de Arquitectura Técnica, Derecho y Ciencias Ambientales. Batista quiso destacar el resultado del proyecto de fin de grado elaborado el pasado curso por un grupo de alumnos de Arquitectura Técnica de la ULL que desarrollaron, junto a los técnicos de la Agencia, un modelo tipo para la reposición de la realidad física alterada, que servirá de base para la elaboración de los proyectos de demolición voluntaria de obras ilegales.
Asimismo, se reseñó la participación en el Congreso Nacional de Disciplina Urbanística, celebrado el pasado mes de junio en Santiago de Compostela, donde se disertó sobre el papel de las agencias como la ACPMN que, junto a sus homólogas de Baleares y Galicia, son las únicas especializadas en disciplina urbanística del país.
La Agencia también participó en la tercera edición de los Premios Aloe invitada por la Cámara de Comercio de Fuerteventura.
Finalmente, durante la celebración de esta última asamblea también se ha dado a conocer el nuevo logotipo de la Agencia.
La ACPMN recibe el reconocimiento de sector prioritario
El Gobierno de Canarias ha declarado recientemente a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural como sector prioritario, lo que facilita la dotación de personal necesaria para que este organismo pueda asegurar su correcto funcionamiento y una prestación eficaz de servicios.
El acuerdo, tomado en Consejo de Gobierno, persigue garantizar la prestación de las funciones y competencias de la Agencia mientras se produce la ejecución completa de las ofertas de empleo público vigentes de los años 2015 a 2017, y que supondrán la incorporación de personal funcionario en los distintos Cuerpos, Escalas y Especialidades ofertadas.
Con la entrada en vigor de la Ley del Suelo, la Agencia ha reforzado su labor de formación y divulgación con finalidad preventiva. "Llevar a cabo con la eficiencia necesaria todas las responsabilidades encomendadas, fundamentalmente aquellas que nos convierten en garantes del cumplimiento de la normativa medioambiental, requieren un refuerzo de personal. En este sentido, la declaración como sector prioritario nos permite seguir trabajando con garantías a la espera de una futura convocatoria de plazas", señaló Ana Batista.
La iniciativa, que se celebra un año después de la aprobación de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos, pretende actualizar los conocimientos sobre dicha norma para velar por su cumplimiento.