«El canario cree que en su suelo puede hacer lo que quiera, y no es así»

La directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), Monserrat Ortega, describe un organismo «con las puertas abiertas para los ciudadanos» y volcado en la cooperación con las administraciones locales.

•   29/09/2025 09:00

La directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), Monserrat Ortega, describe un organismo «con las puertas abiertas para los ciudadanos» y volcado en la cooperación con las administraciones locales. «Hace un año volvimos a invitar a municipios y cabildos a consorciarse con la agencia» y, desde 2024 hasta la fecha, «dos cabildos más y 11 ayuntamientos» se suman al convenio: «hoy por hoy tenemos 23 ayuntamientos consorciados y cuatro cabildos», afirma. 

Esta fórmula, añade, permite una relación «mucho más fluida», acceso directo a expedientes y uso compartido de una herramienta clave: «el control de cambios», que brinda a los ayuntamientos visión casi instantánea de transformaciones en su territorio. 

Vigilancia en campo: contenedores, caravanas y parcelaciones

A requerimiento municipal, la ACPMN intensifica inspecciones en islas y comarcas con problemas concretos. Cita Fuerteventura, donde «preocupa la instalación de contenedores en suelo rústico o el asentamiento de caravanas», y explica que los requerimientos «han funcionado en muchos casos» porque «con la misma facilidad que lo colocan, lo pueden retirar»; el contraste visual «entre el paisaje con el contenedor y sin el contenedor» es, dice, «impresionante». 

En el sur de Tenerife se reúne «mucho este verano» con ayuntamientos por «parcelaciones ilegales» —«pequeñas urbanizaciones totalmente ilegales»— y por un repunte «preocupante» de asentamientos de chabolismo desmontable. En estos últimos, advierte, «no entramos en el concepto de edificación», de modo que «esa no es una cuestión urbanística propiamente dicha», sino «más social», que deben «liderar los ayuntamientos», con apoyo de los inspectores para «identificar y acotar» las zonas. 

Casas prefabricadas: mismas licencias y suelo apto

Ortega pone el acento en la confusión creada por anuncios de viviendas prefabricadas. «Hasta los propios trabajadores de la agencia, cuando ven anuncios, me los hacen llegar», dice. Aclara que «se podrán colocar donde mismo puedes construir una casa con bloques, previa licencia» y que «tienen que tener los mismos permisos y autorizaciones». Lo demás lleva a engaño: «en el suelo rústico, y más en el rústico protegido, no está apto el uso residencial. Ni para una caravana, ni para un contenedor, ni para una casa prefabricada, ni para una casa con bloques». Su mensaje es rotundo: «Donde no se puede construir, no se puede construir». 

Pedagogía cívica: «infórmese antes de mover un bloque»

La directora insiste en la prevención: «Antes de mover un bloque, antes de comprar algo, infórmese dónde lo quiere colocar y si lo puede colocar». Recuerda que una vivienda «va a tener que conectarla al alcantarillado» y que apostar por suelos sin servicios conduce a «procedimientos sancionadores» y órdenes de restablecimiento. Para explicar el límite al uso del suelo, recurre a una analogía: «El coche también es suyo y a usted no se le ocurre circular por la acera». Por eso reitera la invitación: «Usted se puede acercar al ayuntamiento, usted se puede acercar a la agencia», donde «tenemos un grupo de técnicos y juristas brillantes» para asesorar. 

Residuos: prioridad histórica y restauración del paisaje

Aunque la percepción social ha mejorado —«antes a poco que nos asomábamos a cualquier barranco veíamos escombros y electrodomésticos»—, Ortega reconoce que «todavía hay personas» que abandonan residuos «en cualquier lugar». Históricamente, la ACPMN «ha tramitado más expedientes de residuos que de infracciones urbanísticas», subraya, porque el vertido ilegal «perjudica al suelo, al subsuelo y al paisaje». 

De ahí la estrategia de sellado de vertederos: «Estamos ejecutando uno en el sur de Gran Canaria» que «ya esté finalizado a lo largo de este mes de octubre», y «en breve» se iniciarán otros «en Fuerteventura y en Tenerife». «Los que restan son unos 16» y la «idea es que de aquí a que termine la legislatura» puedan sellarse, «siempre que los recursos lo permitan». La restauración se acomete «utilizando tierras de los mismos tonos» y «plantando vegetación de la zona», para «borrar de la memoria» las montañas de escombros y recuperar el paisaje. 

Cooperación interadministrativa y batidas conjuntas

Más allá del consorcio, la ACPMN mantiene «contacto con todos los ayuntamientos», consorciados o no, «para recibir sus denuncias» y «atender peticiones de visitas o actuaciones concretas». Si un municipio «solicita una batida» por preocupación en una zona, la agencia moviliza «agentes, inspectores y técnicos» para apoyar sobre el terreno. «La relación es siempre de colaboración», resume Ortega, que destaca la utilidad del «acceso a expedientes» y del «control de cambios» para acelerar la respuesta. 

Responsabilidad compartida: el suelo como bien común

Ortega apela a la corresponsabilidad ciudadana: «Concienciémonos porque el suelo se lo vamos a dejar a nuestros descendientes. Intentemos dejarlo lo mejor posible». Y vuelve al núcleo de su advertencia: «El suelo es nuestro, pero no podemos hacer con él lo que queramos porque tiene consecuencias». La agencia, reitera, está «para informar, prevenir y sancionar cuando toque», pero su prioridad es que «la gente se informe antes de cometer» una infracción que, además de cara, «degrada el territorio».

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