
La ACPMN, dependiente de la Consejería autonómica de Transición Ecológica, asumirá competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento en dichos municipios
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), organismo adscrito a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, y los ayuntamientos de Tacoronte (Tenerife) y Fuencaliente (La Palma) han suscrito sendos convenios de adhesión con vigencia de cuatro años prorrogables, para afianzar y estrechar lazos de colaboración en materia urbanística y ambiental.
El responsable del Departamento autonómico, José Antonio Valbuena, destacó que “a través de estos acuerdos, las corporaciones se incorporan a la ACPMN, delegando las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento por las infracciones muy graves contra la ordenación urbanística y territorial en suelo rústico de asentamiento agrícola y rural que no tenga ordenación pormenorizada”.
El director ejecutivo de la ACPMN, Ángel Fariña, destacó que en total se han adherido 24 municipios de Canarias a este Organismo, que vela por la legalidad urbanística y medioambiental, priorizando la prevención y la colaboración institucional como ejes de trabajo, y resaltó la importancia de que sus relaciones se basen en los deberes de información, colaboración y coordinación.
El Ayuntamiento de Fuencaliente aportará anualmente al presupuesto de la Agencia 4.820,80 euros, mientras que la Corporación de Tacoronte destinará 13.541,72 euros anuales. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, por su parte, también llevará a cabo la ejecución material forzosa de las órdenes de restablecimiento de la realidad física alterada dictadas, dentro de expedientes municipales por infracciones urbanísticas, cuando así lo solicitaran los ayuntamientos adheridos.
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La directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), Monserrat Ortega, describe un organismo «con las puertas abiertas para los ciudadanos» y volcado en la cooperación con las administraciones locales.
La iniciativa, que se celebra un año después de la aprobación de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos, pretende actualizar los conocimientos sobre dicha norma para velar por su cumplimiento.
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