Política Territorial culmina el sellado del vertedero ilegal de Las Chafiras, ubicado en San Miguel de Abona

Manuel Miranda confía en que a final de año solo estén pendientes de sellar quince de los 47 vertederos por los que la Unión Europea abrió expediente a Canarias

Las obras, que ejecuta la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), han permitido recuperar 6.330 metros cuadrados en una zona de hábitat de interés comunitario

•   11/12/2025 09:00

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha concluido el sellado de un vertedero ubicado en el polígono industrial de Las Chafiras, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona. Este espacio forma parte del expediente abierto por la Comisión Europea contra Canarias por la existencia de 47 vertederos ilegales, de los que a finales de este año quedarán por sellar únicamente quince, según ha afirmado el responsable del citado departamento autonómico, Manuel Miranda, durante una visita a este espacio en el sur de Tenerife.

El consejero, que estaba acompañado por el primer teniente de alcalde de San Miguel, Lot García, y la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), Montserrat Ortega. Este organismo público es el encargado de llevar a la práctica el plan para cumplir con el sellado de los vertederos denunciados por Europa.

En concreto, el sellado en Las Chafiras tiene una superficie de 6.330 metros cuadrados y las obras para su recuperación han tenido un coste de 127.479 euros. Han tenido una duración de tres meses y, como resultado, se ha recuperado un espacio catalogado como suelo rústico y localizado en un hábitat de interés comunitario, por la vegetación existente.

Los trabajos han consistido en la repoblación con especies autóctonas y la promoción de la colonización natural de tabaiba dulce y ahulaga, especies asociadas al tipo de terreno. El proyecto se ha visto condicionado por la posible presencia de un coleóptero (Pimelia Tinerfeña Costera) que está en peligro de extinción.

Además de esta razón, la propia orografía del vertedero ha obligado a que el 70% de los trabajos se hayan realizado de forma manual. En la última fase del proceso, se cubre la superficie recuperada con una capa de tierra vegetal, similar en textura y color al entorno, para promover la colonización natural del espacio. Éste se recupera bajo el concepto “isla de biodiversidad”, según ha explicado Ortega, que tiene como objetivo generar un espacio que sirva como refugio para la flora y fauna, como la posible presencia de ejemplares de la Pimelia”.

Lot García ha manifestado el compromiso del grupo de gobierno municipal con la protección del territorio y ha puesto en valor el alto grado de colaboración con la Agencia de Protección del Medio Natural “para que hechos como el hoy se termina de corregir no se vuelvan a repetir en San Miguel”. “Este municipio”, ha añadido, “va a ser un aliado del Gobierno en lo que se refiere a protección del territorio y vigilancia para que los vertidos ilegales pasen cuanto antes a ser parte del pasado”.

Manuel Miranda ha explicado que el Gobierno de Canarias tiene como objetivo concluir antes del final de 2027 la recuperación de los 47 vertederos señalados por la Comisión Europea. Un expediente, ha explicado, que tiene una demanda presentada ante el Tribunal de Justicia europeo, “por lo que es de vital importancia que logremos ese objetivo y evitemos una sanción para el Archipiélago”. El consejero ha explicado que “acabaremos 2025 con 15 vertederos pendientes y disponemos ya de proyectos para ejecutar el año que viene al menos otros cinco, en El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

Montserrat Ortega, por su parte, ha explicado que, al tiempo que se ejecuta este plan de sellado de vertederos ilegales, la “Agencia Canaria de Protección del Medio Natural desarrolla diferentes medidas para evitar que esta situación se vuelva a producir, centradas sobre todo en el aumento de la vigilancia y coordinación con Policía Canaria, las policías locales y el Seprona, así como la mejora la coordinación administrativa y el uso de nuevas tecnologías, como drones”.